El 9 de enero, desde la capital mexicana del comercio, Monterrey, Felipe Calderón hizo el anuncio estelar en materia de educación superior de su sexenio, el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que bien podría llamarse Programa Central de Venta y Promoción de Títulos Universitarios. Se trata, en reducidas cuentas, de ayudarle a las universidades privadas a incrementar la costosa entrada de estudiantes en las mismas, al tiempo que la banca privada obtiene provechosos beneficios por créditos otorgados a los estudiantes y sus familias, previo aval inmobiliario, para poder pagar el derecho a la educación.
Con esto México entra -una vez más con retraso- a la adquisición de formas hechas en otros países de América, como Chile o Estados Unidos de sistemas de financiamiento para que el Estado renuncie, como ha pasado en el caso de la Seguridad Social, a una de sus funciones básicas: otorgar educación gratuita y de calidad a su población. Que sean los particulares quienes brinden el servicio del aprendizaje, claro, con grandes beneficios económicos, mientras el gobierno les otorga las garantías necesarias para atajar los riesgos que dicho sistema conlleva.
Mediante créditos programados para ser pagados seis meses después de haber cursado sus carreras universitarias, una vez trabajando, los estudiantes tendrán que pagar a un interés de 10 por ciento anual el préstamo obtenido, con el que costearon el negocio “redondo” de las universidades privadas, para lo cual el gobierno mexicano ya puso sobre la mesa 2 mil 500 millones de pesos, y a su vez, los bancos como Santander, Bancomer, HSBC y Banorte se verán beneficiados de esta medida por semejantes intereses. Todo esto a costa de la necesidad de las personas que, por acceder a la educación superior, y al ver que el Estado Mexicano no puede y peor aún, no quiere garantizársela, ingresan a escuelas cuyo nivel educativo es en su mayoría limitado, o en el mejor de los casos aceptable, pero que en general mantienen un objetivo preminentemente económico, no educativo.
Y como si los avales inmobiliarios no fuesen sufucientes, entonces sí, el Estado garantizará con nuestros impuestos, mediante la Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fondos de garantía suficientes para el pago de los créditos a los bancos. Ya que como es de suponerse, los egresados con o sin crédito de por medio, no tienen asegurado su futuro, y menos aún, la posibilidad de pagar los onerosos intereses bancarios derivados de la realización del derecho a la educación, ahora posible, gracias al deber de la deuda eterna.
Como consecuencia de todo esto, además de los bancos mencionados, serán las siguientes universidades las grandes recaudadoras de dinero, que día a día harán sonar sin cesar sus cajas registradoras, con la mano del gobierno en turno: institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Educativo del Noroeste, las universidades Anáhuac, Panamericana, Intercontinental, Tecnológica de México, Latinoamericana, de Monterrey, del Valle de México, del Valle de Atemajac, del Claustro de Sor Juana, Regiomontana, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Latina, Justo Sierra, Tangamanga, Contemporánea y la Salle. Como se puede observar, algunas tienen un merecido prestigio educativo, pero como lo han citado autores como José Blanco, muchas de ellas sólo tienen una meta en el gremio de la educación, la ganancia económica, lo que les lleva a impartir licenciaturas, maestrías o doctorados, con diversas carencias. Además, su personal docente en algunos casos no es el más preparado, y lo peor del caso, sus planes educativos se encuentran limitados a la demanda inmediata de los estudiantes y no hechos de acuerdo a un plan nacional educativo, o menos aún, mediante la generación del conocimiento, ya que están ausentes de áreas de investigación de ciencia y tecnología.
Como se mencionó líneas arriba, este sistema de endeudamiento a la juventud no es nuevo. En 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet, fue implantado en Chile, y los resultados están a la vista: actualmente llevan nueve meses ininterrumpidos de manifestaciones y paro estudiantil ante la imposibilidad de estudiar para las nuevas generaciones y de pagar para quienes ya están ahogados económicamente por el sistema de préstamos. Una situación tan caótica, que es el principal problema del hoy presidente Sebastián Piñera, quien ha dado un manejo tan errático al conflicto, que lo pone por los suelos en popularidad y a un paso de no reelegirse en el cargo. En Colombia sucedió algo similar cuando el presidente Juan Manuel Santos trató de impulsar una ley parecida (la llamada Ley 30), y salieron a las calles en el mes de octubre decenas de miles de estudiantes en las principales ciudades del país, de universidades públicas y privadas a plantear un abierto rechazo ante la posibilidad de hipotecar la educación en su país, y ante la cual Santos no ha cedido ni resuelto nada, mientras la ministra de Educación de ese país se encuentra en la cuerda floja de la opinión pública.
En los Estados Unidos, el problema es proporcionalmente mayor: sus estudiantes están ahogados por los créditos y la deuda llega a los 995 mil millones de dólares (José Blanco, La Jornada), uno de cada cinco estudiantes en los meses próximos, será perseguido por moroso. Según un cálculo que cita como fuente a Nafin, para México la realidad no será diferente, aquí los intereses para licenciatura, donde el crédito a otorgar por alumno es de 215 mil pesos, a 10 por ciento anual, cada estudiante pagará más del doble, 564 mil pesos, ganancia multiplicada por 23 mil jóvenes (Salomón Rodríguez en El Economista).
Si este planteamiento de negocio so pretexto de necesidad educativa es permitido en México, en la misma proporción en la que crezca la deuda y la deficiencia de la educación recibida por miles de estudiantes, ganará la idea absurda de pagar para poder ser educado, con lo que las universidades públicas seguirán perdiendo terreno en la asignación de presupuesto anual y sus matrículas serán cada vez más estrechas. De modo contrario, se ensancharán las arcas de las universidades privadas, creando con ello un círculo vicioso de debilitamiento de la educación pública y empoderamiento de la privada.
La manera de frenar esta confrontación abierta al sistema educativo nacional, (que es un intento de cercar la posibilidad de estudiar a jóvenes sin oportunidades), y de generar un mejor proyecto nacional que parta de las universidades desde sus aulas y centros de investigación, es hacer manifiesta la inconformidad como sólo las juventudes lo saben hacer, saliendo a las calles a exigir derechos, planteando demandas y aportando soluciones viables para la sociedad en su conjunto, y no para aquellos que se alían a poder para obtener prebendas económicas. Hacer ver, antes de que el problema se desencadene y nos sumemos a Chile, Colombia o Estados Unidos, que México y sus jóvenes no están dispuestos a ser hipotecados a cambio de ser educados. Que en México, los jóvenes quieren y requieren educación gratuita y de calidad, para con ella, atajar las grandes problemáticas que enfrenta el país mediante soluciones que partan del conocimiento, que buena falta le hace a México.
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