Federaciones de estudiantes con cámaras de seguridad al interior de sus oficinas o reglamentos que hablan derechamente de expulsión en caso de movilizaciones. En el marco de la discusión del ingreso de privadas al Confech, descubrimos la curiosa realidad de las casas de estudio que temen el empoderamiento de los estudiantes.
El jueves 22, antes de encabezar en Plaza de Armas la última marcha estudiantil del año, los dirigentes de la Confech, Gabriel Boric y Noam Titelman, caminaron en dirección al Barrio Universitario para asisitir al cambio de mando de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Fedep.
El respaldo de los presidentes de la Fech y la Feuc a la federación de la UDP, ajena al Consejo de Rectores, responde al trabajo realizado por la organización privada, que asegura participación estudiantil real. La Fedep fue elegida democráticamente por sus alumnos, posee un estatuto validado por las bases y no tiene influencia alguna de las autoridades académicas, por lo que el próximo año postulará para ingresar a la Confech, entidad donde ya participa una privada con voz y voto: la Universidad Central.
Pero no todas las privadas podrán postular a la Confech que hoy discute abrirse a estos planteles, pues son varias las instituciones que -de manera directa o indirecta- impiden a los estudiantes organizarse. Un ejemplo es la Universidad Santo Tomás (UST), donde los alumnos pueden ser hasta expulsados por convocar a una movilización.
Y así lo consigna el “Reglamento de Comportamiento Estudiantil de la UST”, que tras la matrícula es entregado a cada alumno con la agenda de la universidad fundada por el fallecido empresario Gerardo Rocha. Allí se define como infracción grave “las acciones que perturben o impidan actividades académicas, tales como: Paros, desfiles, ocupación de recintos institucionales…”.
En el texto -donde también se califica como infracción menos grave la “intemperancia alcohólica, sin provocar escándalo”- se prohíbe, además, “la distribución de panfletos o escritos o cualesquiera otro que impida el normal desarrollo de las actividades de la instituciones”. El documento institucional, que igualmente impide “la confección, reproducción, venta y distribución en recintos de la institución, de materiales de propaganda de carácter político”, detalla que la violación de las normas deja al alumno afecto a sanción.
Esta es determinada por el rector de la sede y puede ir desde “la suspensión de toda actividad académica por un lapso de dos a cuatro semestre académicos” -que incluye la “prohibición de ingreso a sus recintos”- hasta “la suspensión del alumno de la respectiva institución”.
“Nosotros queremos eliminar esos artículos porque nos limitan. Incluso hemos hecho votaciones de paro arriesgando un sumario, porque como representantes estudiantiles tenemos que velar por los espacios donde se pueda ejercer la democracia”, explica la presidenta de la Federación de la UST, Carolina Jara, quien asumió hace un mes y comenta de que de inmediato le llamó la atención que la oficina de la Federación estuviera vigilada por una cámara de seguridad.
“Es invasivo y abusivo. Invade la privacidad que necesitamos como organismo representativo. No sabes si realmente tiene la función de cuidar el mobiliario, como nos dijeron, o si tiene una finalidad adicional de reprimir a nuestra organización”, dice la Jara.
Las federaciones de la Unab
En sus reglamentos, la Universidad Nacional Andrés Bello también define como infracción grave “incitar, promover o participar en la suspensión arbitraria de las actividades académicas o en paros estudiantiles” y es considerado como falta gravísima “participar o inducir a la toma de alguna dependencia de la Universidad en cualquiera de sus Campus”, falta por la cual el alumno arriesga “desde suspensión por uno o dos semestres, hasta expulsión de la Universidad”.
En la actualidad en la Unab existen tres organismos estudiantiles. Uno de ellos surgió en el marco de las movilizaciones y ha realizado asambleas periódicas. Otro es el Consejo de Presidentes que se independizó del órgano central. Y el tercero es la Federación de Estudiantes, acusada por los alumnos de estar apoyada por la rectoría en el proceso eleccionario.
Además, en Santiago existe la Federación de la sede Casona de Las Condes, que se maneja de manera independiente y existen también federaciones por región. Todas subsisten sin que exista coordinación entre ellas.
Los 105 mil alumnos de Inacap
Tal como señala su página web, Inacap “es la institución de educación superior más grande de Chile”. Tiene 105 mil alumnos en 25 sedes presentes en las 15 regiones del país”. En su Centro de Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional y en su universidad reúne a 105 mil alumnos de todo Chile, de este modo si sus estudiantes tuvieran federación, serían la organización estudiantil más numerosa del país.
Sin embargo, según acusan varios dirigentes, las autoridades del establecimiento educacional se han mostrado reacias a permitir que eso ocurra, pese a que no está especificado formalmente. Por ejemplo, en el Reglamento Académico General solo se establece que queda prohibido “promover y/o participar en desórdenes, tumultos u otras manifestaciones que afecten el normal desarrollo de las actividades académicas”. Asimismo, en el texto se prohíbe “arrogarse la representación (…) sin que exista autorización para ello”.
A razón de estas normas, cada vez que los estudiantes de Inacap se manifestaron durante los siete meses de movilizaciones, lo hicieron con lienzos pintados con las iniciales de Inacap en distinto orden.
Uno de los voceros de los estudiantes, Mario Carrasco, quien fue presidente de la sede Renca, acusa “amenazas no formales, de pasillo”. “Ahora se ha logrado formar centros de alumnos al menos, porque han abierto más las puertas, pero hasta cierto punto, porque no quieren formar una gran federación Inacap, todo es muy ambiguo siempre”, recalca.
Las elecciones paralelas de la UBO
“Nunca nos han pasado un documento formal, pero varias veces llegamos a vicerrectoría académica y nos dijeron que no se podía formar una Federación, que es una universidad con autonomía y que se regía por reglamento interno que es un sistema de delegados hecho por ellos, donde no hay llamado a formar listas”, explica Gary Pastén, dirigente estudiantil de la Universidad Bernardo O’Higgins.
El estudiante de Pedagogía de historia narra que “a finales del primer semestre, con la llegada de un nuevo rector Claudio Ruff, se abrió la puerta y se nos dejó hacer el proceso de elección de federación”. Así, la lista de Pastén ganó las elecciones, siendo el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la UBO, sin embargo, los estudiantes siguen esperando que las autoridades los reconozcan oficialmente.
Pastén cuenta que en el proceso de elecciones, la lista B, que era del Movimiento Gremial, hizo un proceso paralelo de elecciones, donde crearon un Tricel e imprimieron votos que tenían solo su preferencia y se pusieron en la entrada de la universidad, mientras el proceso oficial seguía su curso al fondo del patio.
Las dos Américas
En la Universidad de Las Américas existen dos realidades. En la sede de Santiago no existe una federación, según sus estudiantes, pretende armarse este año. En Concepción, en cambio, sí existe un órgano estudiantil, pero acusa un nulo respaldo por parte de las autoridades.
Margarita Arcos, la vocera general de la asamblea de la U. de las Américas de Santiago, dice que las autoridades aseguran que tienen problemas con la conformación de una Federación, sin embargo “en la práctica no nos dejan hacer actividades con argumentos vagos”. “Por ejemplo este año queríamos sacar un documento donde afirmábamos que existía una estafa académica, ya que la universidad ofrecía mucho pero no cumplía, y hubo una amenaza de demandarnos”, asegura.
En la federación de Concepción, su presidente, Fabián Navarrete, asegura que las autoridades “trataron de boicotear el proceso electoral, no cumpliendo compromisos acordados como pasar las urnas, entregar vales de colación para Tricel, no facilitar transporte para mover los votos o demorarse en firmar la acta de proclamación”.
Finalmente, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, Daniela López, -miembro de la Izquierda Autónoma, misma corriente independiente de Gabriel Boric- asegura que “existe presión del gobierno para que las autoridades de los establecimientos intenten calmar el movimiento estudiantil”.
“Cuando fuimos al Congreso para reunirnos con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, el secretario de Estado nos felicitó porque nos estuviéramos organizando pero señaló que era absolutamente innecesario ya que ellos estaban previniendo al sector privado”, asegura López. La universitaria de la única universidad privada de la Confech añade que “aquí se está jugando al espiral del silencio: mientras nosotros sigamos sin poder organizarnos en conjunto con la Confech va a seguir ese 70 % de la matrícula, que son los alumnos de universidades privadas, bajo las reglas del gobierno”.
