Con el retiro del proyecto de reforma a la educación superior del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, que pretendía lograr una meta al 2014 de ampliar los cupos de Pregrado en 600.000 y en postgrado de 45.000, además de buscar elevar en un 50% la cobertura en la educación técnica, tecnológica y universitaria, ahora viene el reto de concertar unas nuevas propuestas en mesas de diálogos con los estudiantes, que con sus movilizaciones lograron que el gobierno diera marcha atrás a las intenciones de aprobar esta iniciativa en el Congreso de la República.
Entre las críticas planteadas por los estudiantes sobresalieron la posibilidad que las instituciones universitarias públicas pudieran ser entidades con ánimo de lucro que recibieran dineros del sector privado incluso hasta llegar a una privatización total; otro punto es la amenaza del TLC con los Estados Unidos, que si bien abre la puerta de entrada de formación extranjera, podría terminar siendo más económica, pero de baja calidad, a la hora de que no haya la adecuada supervisión por parte de los entes de control.
Otros puntos relevantes para que los estudiantes truncaran este proyecto se centraron en afirmar que la reforma se quedaba corta en explicar cómo compensar la mayor cobertura y el énfasis hacia lo tecnológico sin bajar la calidad profesional.
En 2007 según cifras de la Unesco el gasto total destinado a la educación superior en Colombia corresponde a un 2.5% del PIB, 1.6% de fuentes públicas y 0.9% de fuentes privadas. En comparación con otros países como Estados Unidos y Corea del Sur que sobresalen en las estadísticas con una inversión en la educación terciaria, del 3.1% y del 2.8% del PIB, podríamos decir que nuestro país se encuentra en un nivel muy cercano a estos en proporción de inversión hacia la educación, incluso muy por encima de países de Latinoamérica como Chile, México, Argentina y Perú.
Sin embargo, el gasto público por estudiante con relación a la riqueza nacional anual por persona es muy alto lo cual significa un elevado costo del sistema. Esta relación en Colombia es del 52% per cápita, mientras en Argentina es del 14%, Chile el 12%, y Corea del Sur 9%. A esto se suma la baja tasa de acceso a la educación terciaria que se refleja en una tasa bruta de matrícula del 33%, mientras en Chile es del 52%, Argentina 67% y Corea del Sur 91%. En resumen en el país el gasto público por estudiante es muy elevado y el acceso a las instituciones públicas es limitado. Obviamente una importante política es controlar el grado de evasión y elusión de los impuestos para conseguir altos ingresos por recaudo tributario y así poder dedicar un mayor presupuesto a más estudiantes.
Con estas cifras y por el buen momento económico que pasa el país, es clave aprovechar y concertar una buena reforma educativa entre los estudiantes y el gobierno, que fortalezca la ampliación de nuevas instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales, así como expandir la educación virtual a los lugares de poco acceso, además de una vigilancia a los estándares de calidad, logrando el máximo de cobertura y optimización del gasto. El punto de encuentro entre ambas partes es el propósito de ampliar la oferta de cupos, las diferencias las suscitan el financiamiento y la calidad, donde habrá que llegar a acuerdos razonables.
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