El Gobierno Nacional presentó hace unas semanas la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, la cual regula el servicio público de la educación superior en Colombia.
Según el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la ley no se ajusta al contexto actual, y preocupa que para su estructuración, la propuesta no contó con el análisis de quienes están directamente vinculados con el sector.
Desde entonces, el Ministerio de Educación Nacional estableció cinco espacios de trabajo para presentar el proyecto entre la comunidad universitaria del país que son [1] diálogos sectoriales, [2] foros internacionales, [3] mesas de trabajo, [4] foros regionales y [5] uno virtual.
La propuesta se centra en 4 aspectos fundamentales:
I. Calidad
II. Cobertura, acceso y permanencia
III. Pertinencia de la educación superior
IV. Transparencia
Según Ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo Saavedra, los grandes beneficios que traerá la reforma son los siguientes:
- Más oferta y de calidad.
- Mejores condiciones de acceso.
- Adecuar el Sistema de acuerdo con las necesidades del país.
- Incorporar el buen gobierno y de transparencia.
- Mejorar la eficiencia, la calidad y la rendición de la cuenta.
- Es preciso que las universidades hagan esfuerzos para establecer alianzas.
- Se busca seguridad jurídica.
- Se crea fondo de seguridad privada.
- Se fortalece el Icetex.
- Se fortalece la participación regional.
- Se otorgarán recursos adicionales para capacitación y formación docente.
- Internacionalización y movilidad.
Sin embargo, líderes de la comunidad académica, del sector productivo y miembros de distintas organizaciones sociales han mostrado su preocupación por los siguientes aspectos:
- Cobertura
- Autonomía
- Ingreso de recursos privados
- Calidad
Sin embargo, Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, afirma que esta reforma es 'altamente insuficiente' y no alcanzaría a arrojar los buenos resultados de crecimiento del 38 por ciento que proyecta el Ministerio de Educación para los próximos cuatro años.
En conversaciones con los rectores, la ministra de educación, María Fernanda Campo, afirmó que la reforma traería 2,4 billones de pesos más para las universidades públicas y privadas, esa suma es equivalente a un incremento del 16 por ciento sobre los 15,2 billones destinados para la educación superior durante cuatro años.
Wasserman explicó que ese incremento es insuficiente si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional tiene una meta de crecimiento del 38 por ciento para ese mismo periodo. "¿Cómo se crece un 38 por ciento con solo el 16 por ciento de recursos adicionales? ¿Y cómo además se va a crecer en calidad?", agregó.
El punto que genera mayor inconformidad entre la comunidad académica es que los recursos tendrían un destino más puntual hacia las acciones a futuro, por lo que no cubrirían uno de los grandes virus que amenazan la permanencia y estabilidad de las universidades públicas: el pasivo pensional.
El rector también aclaró que no se oponen a recibir donaciones o aportes del sector privado, pero enfatizó en que estos son insuficientes: "nadie va a esperar que la empresa privada soporte la modernización tecnológica de la universidad ni que pague los salarios de los profesores".
Orden público en la universidad
El catedrático enfatizó en que no aprueba los hechos de violencia presentados dentro de algunas universidades esta semana.
Frente a la posibilidad de que haya personas de las Bacrim y de grupos armados infiltrados en esas acciones violentas, Wasserman dijo que la universidad no tiene un sistema de inteligencia militar, ni de vigilancia que le permita hacer averiguaciones individuales.
"La universidad contrata profesores, no contrata investigadores penales ni cosas por el estilo. Hay una división de tareas bastante clara y esa realmente no es la nuestra" afirmó.
Se cree que la Universidad Nacional pierde cerca de mil millones de pesos por cada día de bloqueo por parte de las movilizaciones estudiantiles. Esta suma representa los posibles daños a la infraestructura, y los pagos a docentes y empleados que no pueden suspenderse como consecuencia de la resistencia.
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