Luego del gran proceso que forjó el movimiento estudiantil colombiano, que tuvo como uno de sus grandes logros el retiro de la propuesta de reforma que propuso el Gobierno, y el espacio para crear de manera concertada la reforma a la Ley 30 de educación superior, se avecina justamente esto, la construcción de la reforma misma.
Durante el espacio de movilización se hicieron evidentes los principios básicos sobre los cuales debía articularse la propuesta. Entre las arengas más reiteradas estuvo el reconocimiento de la educación como derecho y no como negocio, el cuestionamiento a la prioridad presupuestal que tiene el Estado, que hoy en día se encuentra dirigida al gasto militar, la exigencia de un presupuesto mayor para la consecución de una educación gratuita y de calidad. Hacer realidad estos dos presupuestos, la gratuidad y la calidad, nos exigen asumir con más profundidad la discusión.
Pensar en la gratuidad de la educación es un objetivo pertinente en una sociedad que se ha caracterizado por sus altos niveles de inequidad y desigualdad social, por lo que se esperaría que garantizando el acceso a la educación sin costos, se garantizaría también una sociedad más equitativa, puesto que las posibilidades de adquisición de información y construcción del conocimiento no estarían mediadas por la capacidad económica del estudiante y de sus familias. Pero más allá del tema de gratuidad o de mayor inversión económica por parte del Estado, se encuentra el tema de la calidad, que si bien es cierto depende en gran parte de las condiciones presupuestales que garantice el Estado, incluye muchas otras variables, relacionadas principalmente con el modelo de desarrollo que se quiera adoptar.
¿Cómo determinar entonces la calidad de la educación? En los últimos años parece existir una creencia según la cual la educación es de calidad si se aprueban los estándares del Ministerio reflejados en las pruebas que aplica el Icfes, y se evalúa su pertinencia de acuerdo a la utilidad que tengan los programas dentro del mercado laboral. Bajo estos criterios los contenidos se deben ajustar cada vez con más fuerza a lo indispensable para el ejercicio profesional, limitando los espacios y las áreas de reflexión que no propenden directamente en una mayor productividad. Pero estos parámetros no son nuevos dentro de la educación pública superior, de hecho en los últimos años las reformas académicas de las universidades se han ajustado a dichos criterios, por lo que la reforma propuesta por el Gobierno sería entonces el paso final, es decir la consolidación de la aplicación de los principios de mercado bajo el referente de la competitividad.
La oportunidad que consiguió el movimiento estudiantil de construir una reforma concertada, no se debería limitar únicamente a la construcción de la ley en si misma, sino que abre la puerta para repensar el sistema educativo en general y proponer la educación que queremos. Quiero decir que en este proceso al que nos enfrentamos de construir la nueva reforma para la educación superior, no es suficiente con abanderar el tema de la gratuidad, sino que nos debe llevar a cuestionarnos sobre el quehacer mismo y el sentido que tiene la universidad pública en Colombia. ¿Cuáles serían los fines que debería tener esa educación gratuita? Este es un tema amplio que no tiene una respuesta única, pero que estamos en mora de propiciar con método y rigurosidad, con miras a construir la reforma.
Con el ánimo de esbozar apenas alguna propuesta, consideraría que la educación en Colombia pasa por el cumplimiento de los fines de un Estado Democrático, pero va mucho más allá para convertirse en un espacio donde se desarrollen capacidades para el análisis crítico con miras a la transformación del sistema establecido, donde se formen seres con criterio y carácter capaces de cuestionar el poder, donde se privilegie la creación y la imaginación inventiva sobre la mera transmisión de información, donde se permita la realización del ser humano y su emancipación como un fin en sí mismo, y no como un medio para sostener el sistema político o económico vigente. Siendo coherentes con este análisis, debería entrarse a cuestionar el funcionamiento del sistema educativo en todos sus niveles, si lo que se busca es que a través de la educación se produzca una identidad propia para pensar en un proyecto de país más incluyente. Esta es la oportunidad propicia para posicionar estos debates dentro de la opinión pública.
Las posibilidades y las condiciones están dadas. El éxito de este proceso va a depender, en gran medida, del compromiso de los estudiantes para asumir estos debates; y del nivel de madurez que tengan las organizaciones estudiantiles para promover la participación democrática real, privilegiándola sobre los sectarismos y personalismos. En este sentido la MANE es el espacio propicio para confluir y construir acuerdos mínimos a partir de la diferencia y la diversidad. De esta manera, fortalecer organizativamente la MANE para evitar su división y asumir los debates sobre el tipo de Universidad que queremos construir, son las tareas a seguir para el movimiento estudiantil.
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